Ley de finanzas públicas, ni contributiva, ni urgente.

El Presidente de la República y el Ministro de Economía y Finanzas intentan nuevamente inducir a la Asamblea Nacional a una aprobación, “vía económico urgente”, una reforma a la planificación de las finanzas públicas, que cambia el sistema económico y recaudatoria del país, con la diferencia de que en esta ocasión se intenta utilizar la crisis sanitaria para poner en práctica los compromisos con el FMI. Este proyecto de Ley Económico Urgente fue el que  archivó la Asamblea Nacional en noviembre de 2019.

Del análisis realizado, se colige que no es necesario para enfrentar la crisis económica producida por la pandemia COVID-19, hacer reformas bajo estas circunstancias, la intención real es meter por la ventana, una ley que aprueba los nefastos compromisos adquiridos por el Gobierno con el FMI.

Parafraseando un poco a Martínez, el funesto Ministro de Finanzas que,  en sus comparecencias, defendió con ahínco a capa y espada que es necesario tener esta ley calificándola como un “documento de requerimiento de credibilidad que a nivel internacional se necesita para el país”, es decir, una ley que contente al FMI.

Una de las condiciones que debe cumplir una ley de carácter económico urgente, es que tengan una temporalidad corta y temprana para que pueda operar cambios de manera inmediata y sin dilaciones para solventar la economía en crisis del país. Este proyecto no cumple la condición de URGENTE, por cuanto su aplicación y sus respectivos efectos, serian evidentes recién en el 2022.

Los retos en materia económica y tributaria para ese período, 2022, deben ser asumidos por un nuevo Gobierno y no quedar definidos por el actua, caracterizado por sus decisiones políticas nefastas, dependentistas, anti soberanas y que además ha perdido la credibilidad de los ciudadanos.

Vemos con mucha preocupación como se compromete el futuro de la dolarización al proponer limitar la capacidad de financiamiento interno del Estado y afectar su capacidad de planificación, estas medidas nos llevan a un escenario de financiamiento vía endeudamiento externo, lo que implica salida de divisas sin mayor regulación estatal.

Esta ley concentrará competencias al Ministerio de Finanzas, otorgándole súper poderes para la toma de decisiones en materia fiscal, restándole autonomía financiera a los GADS y al sistema de seguridad social.

Preocupa además que, si alguna autoridad, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dígase Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Juntas parroquiales, incumplen las reglas fiscales, como la presentación de plan de anual de compras, plan de anual de obras y los techos de endeudamiento,podría terminar suspendido de manera temporal de las operaciones de la institución relacionadas con las transferencias del PGE.

Esto tendría como resultado afectar las transferencias de asignaciones correspondiente a los GAD, afectando nuevamente su autonomía, ¿quién aplicaría dichas sanciones? pues nada más y nada menos Richard Martínez a través del Ministerio de Finanzas.

Esta Ley de ordenamiento de finanzas públicas permite, además, que el Ministerio de Finanzas administre los recursos del IESS, ISSFA y del ISPOL, afectando las autonomías financieras de estas instituciones. Atenta contra  los derechos de los afiliados, pensionistas y jubilados; por consiguiente, se desmantelaría el acceso a la salud, a la cesantía, jubilación, etc., en otras palabras, estaríamos ante una feria de los recursos de la seguridad social.

En consideración de lo expuesto, ¡la Bancada de la Revolución Ciudadana, firme en sus principios y convicciones, volverá a decirles, NO!

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