CARTA ABIERTA A LA CLASE TRABAJADORA

La presencia del coronavirus como una pandemia de efectos devastadores no imaginados en pleno siglo XXI, ha puesto en peligro la vida de millones de personas a nivel mundial. Ha ocasionado un giro inesperado en la vida cotidiana, ha puesto de cabeza las actividades de toda índole, incluido el mundo laboral.

La presencia del coronavirus como una pandemia de efectos devastadores no imaginados en pleno siglo XXI, ha puesto en peligro la vida de millones de personas a nivel mundial.  Ha ocasionado un giro inesperado en la vida cotidiana, ha puesto de cabeza las actividades de toda índole, incluido el mundo laboral.

En ecuador, hemos visto como el gobierno, que debe ser garante del acceso a la salud como un derecho y garantizar la vida, más aún en tiempos de grave conmoción social, ha tomado decisiones erróneas en torno a la emergencia sanitaria. Estas decisiones, principalmente en materia económica, donde se priorizó el pago de deuda externa y no la atención de la emergencia, han llevado a cobrar centenares de vida, principalmente en la ciudad de Guayaquil, capital económica y comercial del país.

Nos sorprende que, en medio de esta crisis, aparte de los esfuerzos sobrehumanos, que todos debemos hacer por precautelar nuestro bien más preciado, la vida, también tengamos que lidiar con decisiones políticas del gobierno en materia laboral que conculquen derechos de los trabajadores.

Si bien es cierto, no podemos desconocer que la pandemia ha ocasionado afectaciones al sector empresarial, industrial, financiero y de la producción en general, no se puede permitir que el mayor impacto recaiga sobre los trabajadores, aplicando políticas de despidos intempestivos, flexibilización laboral, recorte, pago parcial o prorrateado de sus utilidades.

Entre los aspectos que más preocupan en cuanto a las decisiones del Gobierno en materia laboral, destacamos:

• Los empleados del sector privado debieron recibir por mandato constitucional y legal como todo los años hasta el 15 de abril, las utilidades a las que tienen derecho según disposición del artículo 328 de la CRE y los artículos 97, 100 y 105 del Código de Trabajo.

En este sentido, textualmente el artículo 105 del Código de Trabajo indica:

“Plazo para pago de utilidades.- La parte que corresponde individualmente a los trabajadores por utilidades se pagará dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que deberá hacerse hasta el 31 de marzo de cada año”.

Pero llama la atención, que el nuevo Ministro de Trabajo, Abg. Luis Arturo Poveda Velasco, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0079, de fecha 24 de marzo de 2020, indica lo siguiente “Cuando por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, el empleador no pueda cumplir con la obligación de registrar el pago del 15% de la participación de utilidades de conformidad con el cronograma establecido por el Ministerio del Trabajo, tendrá un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha en la que debió realizar el referido pago, para proceder al registro en el sistema del Ministerio del Trabajo, emitido para el efecto”.

Esta disposición es contraria a la ley y el Ministro de Trabajo no consta como sujeto legítimo por el ordenamiento jurídico para hacer cambios a la ley a través de acuerdos. “Un acuerdo ministerial es una norma de octava categoría y no puede modificar la ley”. Más aún cuando estos cambios afectan derechos establecidos y adquiridos; por lo que se debe derogar la disposición general octava del acuerdo ministerial Nro. MDT-0079-2020

• Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-0080, de fecha 28 de marzo de 2020, se reforma el acuerdo MDT-2020-0077, deja a discreción de los empleadores la regulación y manejo de las jornadas de trabajo por la crisis sanitaria creada por el coronavirus.

La reforma ministerial en el artículo 2, deja a discrecionalidad del empleador  en qué formas y en qué momento el trabajador recupera  las jornadas de trabajo y eliminó la posibilidad de que se pueda recuperar la jornada, una vez que termine la  emergencia sanitaria, de esta forma el empleador puede llamar al trabajador en cualquier momento para recuperar la jornada laboral, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y contradiciendo las disposiciones del COE Nacional.

El artículo 3 de esta reforma, da la potestad al empleador, que en acuerdo con los trabajadores, establecer un calendario de pago de la remuneración mientras subsista la emergencia. Esta reforma es sumamente grave, el simple hecho que se calendarice el pago de los sueldos, significa pagar por partes o en migajas lo que por ley corresponde, soslayando las disposiciones del artículo 80 y siguientes del Código de Trabajo, referente  a las condiciones del pago de las remuneraciones o salarios.

El artículo 4 indica que el empleador podrá disponer de las vacaciones del trabajador; para ello, se inventan una figura jurídica que no existe en el Código de Trabajo “vacaciones anticipadas”, la misma que no tiene base legal, insisto; y aunque los trabajadores acepten esta situación, sigue siendo ilegal.

Para culminar, el artículo 5, indica que el empleador, podrá a convenir con  sus trabajadores las modalidades de trabajo que estime conveniente con el fin de no verse obligado a despedir a los trabajadores y así preservar la “estabilidad laboral”, es decir, sacrifica sus derechos.  En resumen el Acuerdo Ministerial 0080,  da potestades supra legales al empleador para que incluso pueda sugestionar y hostigar al trabajador para que éste renuncie o en su defecto configuren visto bueno y despedirlos sin pagar indemnización.

El Ministro debe considerar que existen mecanismos legales para contener esta situación, tal como lo determina el artículo 60 del Código de Trabajo, referente a la suspensión de la Jornada de Trabajo, las condiciones de la misma, así como también la implementación de la modalidad temporal del Teletrabajo. En los casos que no se sujeten a esas condiciones,  podrían terminarse miles de relaciones laborales, siempre y cuando se paguen las indemnizaciones de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo.

La ciudadanía merece respuestas claras e inmediatas a las necesidades tanto de trabajadores y empleadores, para proteger el empleo y la producción de las empresas. Urgen decisiones consensuadas entre el Estado, los trabajadores y el empleador, a fin de satisfacer las necesidades de todas y todos.

Sin duda, es necesario impulsar reformas al Código del Trabajo que amplíen los alcances de normas que no están claras; reformas que protejan al trabajador desempleado y, en el contexto que estamos atravesando, urgen normas que establezcan las reglas y límites del teletrabajo, respetando las características de irrenunciabilidad, progresividad, e intangibilidad de los derechos de las y los trabajadores.

En este sentido, la bancada de la Revolución Ciudadana presentamos a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Reformas Laborales por la emergencia causada por el Covid19, que recoja la demanda de la clase trabajadora de proteger sus derechos laborales en este escenario de crisis.

Este proyecto de Ley contempla tres aspectos fundamentales:

1.- Creación de un Seguro por  Suspensión Temporal de la Relación Laboral por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, prestación económica que protegería a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo relación de dependencia por la suspensión de ingresos generada por la suspensión  temporal de actividades productivas por causas de caso fortuito o fuerza mayor y que se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad.

2.- Suspensión Temporal de la Relación Laboral por caso fortuito o fuerza mayor.- En estos casos, el empleador con hasta 200 trabajadores podrá acogerse a la Suspensión Temporal de la Relación Laboral, hasta por un plazo máximo de 90 días en un año, previa notificación al Ministerio de Trabajo, quien garantizará la vigencia de los derechos de los trabajadores. Esto no eximirá de la obligación del empleador al pago de las aportaciones de Seguridad Social al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y otorgará al trabajador el derecho de acogerse al Seguro por Suspensión Temporal de la Relación Laboral por caso fortuito o fuerza mayor, regulado por la ley de la materia, por el tiempo que dure esta suspensión.

3.- Normar la regulación del teletrabajo en el Código de Trabajo como una modalidad alternativa de desempeñar la relación de trabajo de carácter no presencial, total o parcial, por tiempo determinado o de manera indefinida, fuera del centro de trabajo y utiliza como soporte las tecnologías de la información y la comunicación.

4.- Implementar la figura Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz. Se considerará despido ineficaz, la terminación de la relación laboral que se hubiere efectuado a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria con motivo de la pandemia mundial COVID19, hasta su culminación.

El Ministro debe revisar sus actuaciones, los acuerdo ministeriales  0079 y 080 van en contra de los derechos de los trabajadores. La situación actual y los impactos que la pandemia dejará en el ámbito económico tanto en nuestro país como a nivel mundial, seguramente requieren una revisión exhaustiva de las decisiones a tomar, pero estas decisiones, no pueden atropellar la norma constitucional y menos aún  conculcar derechos de la clase trabajadora. Estamos sin duda a la puerta de un nuevo orden mundial, que requerirá una modificación en las estructura y en las relaciones en todos los aspectos de la vida y estas deben enmarcarse principalmente en la Solidaridad, en la equidad y en la justicia social, que es lo único que nos permitirá salir adelante como sociedad.

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