Los pichinchanos, los más afectados por la persecución política.

Es claro que el Gobierno jamás le perdonará a Paola Pabón que venciera en las urnas con claridad al candidato oficialista, Juan Zapata

En los últimos días se conoció sobre una nueva investigación en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. En esta ocasión la Fiscalía General del Estado abrió un expediente a la dignataria por una denuncia hecha en Twitter -sí, así como lo lee- en la que se “alerta” sobre un supuesto sobreprecio en la adquisición de insumos médicos.

Pabón salió al paso a desmentir esta “denuncia digital” y presentó documentos en los que se demostró que la compra fue realizada cumpliendo los procedimientos de ley.

Con esto suman ya tres procesos judiciales en las que han querido involucrar a la Prefecta en poco más de un año de funciones. Hay que recordar que Fiscalía y Contraloría -como fieles escuderos de las tesis de Gobierno- acusaron a Pabón de intentos desestabilizadores y de supuesto tráfico de influencias. En cada caso, la Prefecta ha facilitado las investigaciones y demostrado su inocencia.

Los constantes intentos del Gobierno y sus peones en Fiscalía y Contraloría por afectar y querer destituir a Pabón perjudican el accionar de la Prefectura. Los más de 2,5 millones de pichinchanos deben comprender que cada vez que desde Carondelet se maniobra para desestabilizar a la lideresa provincial los más afectados son ellos, porque la mandataria seccional debe ocupar su tiempo en afrontar acusaciones espurias en vez de dedicarse 24/7 a resolver los problemas de la provincia.

Es claro que el Gobierno jamás le perdonará a Paola Pabón que venciera en las urnas con claridad al candidato oficialista, Juan Zapata. Pero una cosa es el rencor político y otro muy distinto es perjudicar a millones de ecuatorianos a través de la persecución a una dignataria electa por voluntad popular.

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