LEY DE APOYO HUMANITARIO, GOLPEA A TRABAJADORES Y CUIDA A GRUPOS EMPRESARIALES

En el marco del debate de las Leyes Económicas Urgentes remitidas por el ejecutivo, rechazamos y condenamos los repetidos y vergonzosos escándalos de corrupción de este Gobierno. Es inconcebible que, en medio de la pandemia, mientras nuestro pueblo lucha incansable entre la vida y la muerte, tengamos que lidiar con tanta corrupción. Han hecho de la tragedia y la muerte un gran negocio.

Entre tanto, desde la legislatura, buscamos entregar un instrumento legal que permita obtener recursos para superar el impacto económico de la emergencia sanitaria, los personeros del gobierno hacen un festín de los pocos recursos con que se cuenta para atender las necesidades ciudadanas. 

Dejo sentado que la Asamblea Nacional tendrá que pronunciarse oficialmente sobre los hechos suscitados, exigir a las autoridades correspondientes responder por todo lo actuado, la justicia tendrá que hacer su trabajo y dejar de ser una justicia selectiva y persecutoria.

Entrando en el análisis de la Ley, es importante destacar los esfuerzos realizados por la Comisión de Desarrollo Económico para mejorar el contenido de esta normativa, pero aún ha si no han sido suficiente para garantizar los derechos de las grandes mayorías, en especial de los trabajadores. En materia tributaria, se han incorporado algunos aspectos, como la inclusión de la contribución del 2% a las sociedades y personas naturales con bienes inmuebles en Ecuador que sean propiedad de empresas domiciliadas en paraísos fiscales, así como la incorporación del cobro de deudas por 1500 millones a deudores del fisco y la eliminación de la contribución solidaria a los trabajadores con ingresos menores a 2.500 dólares mensuales. Estos elementos no son suficientes para cumplir con el principio de equidad tributaria “el que más gana más paga”, por cuanto las propuestas de contribución solidaria de los grandes grupos económicos no son diferenciadas en su justa medida, de la contribución que se solicita a las pequeñas y medianas empresas.

No podemos dejar de señalar nuestra gran preocupación y rechazo a lo aprobado en este informe en cuanto a materia laboral. Nuestra consigna ha sido desde el primer momento de presentación de proyecto de Ley, ni contribución a los más pobres, ni vulneración de los derechos de los trabajadores, NO A LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL.

Comprendemos el impacto que a nivel mundial ha tenido la pandemia en las actividades productivas, comerciales y económicas en general, comprendemos que nuestro país no sólo que no es la excepción, sino que ha sido uno de los más golpeados a nivel mundial, por la pandemia y por la falta de una política de atención emergente adecuada por parte del gobierno.

Comprendemos que todos debemos arrimar el hombro y asumir una cuota de sacrificio, pero no podemos bajo ningún concepto permitir que esta situación sea la excusa para acabar con conquistas laborales que costaron años de lucha y la vida de muchos trabajadores a lo largo de la historia. En ese sentido expreso a ustedes mis observaciones respecto a los contenidos de este segundo informe de la Comisión, las que constituyen un atropello a los derechos de los trabajadores.

Del análisis realizado, al CAPÍTULO IV. MEDIDAS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO, encuentro inconsistencias y desventajas para con los trabajadores.

En relación con el ART. 25.- ACUERDO ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADORES PARA PRESERVAR EMPLEO. Se excluye la participación de la autoridad reguladora del derecho laboral en el momento de establecer acuerdos en el caso de las micro, pequeña y mediana empresa, no se define el ámbito del acuerdo, se deja amplio y otorga al empleador poder para modificar las condiciones de la relación laboral concernientes a reducción y suspensión de la jornada laboral. Los trabajadores estarían a merced de las condiciones que, haciendo uso de su poder, pueda hacer su empleador a merced de la necesidad del trabajador de tener un ingreso.

En El Artículo 26.- SANCIONES, esto representa una medida desproporcionada, establece sanciones atentatorias contra los ingresos del trabajador. Cómo se puede pretender que el trabajador tenga la misma capacidad que su empleador para asumir multas de un mínimo de tres y hasta un máximo de veinte sueldos o salarios básicos unificados del trabajador en general.

En el caso del Art. 28 MEDIACIÓN, se establece la mediación como requisito previo a cualquier reclamo vía administrativa – MDT o vía Judicial – Jueces, esto rompe el principio de voluntariedad que rige a la Mediación y restringe el acceso pleno a la justicia administrativa o jurisdiccional, si esto queda así establecido en la Ley, no es práctico.

En el Art. 29 CONTRATO EMERGENTE, el proyecto de Ley plantea:

  • Este tipo de contratación es ilegal, marca un régimen laboral paralelo al del Código de Trabajo.
  • La redacción de la definición y temporalidad no es clara,
  • El plazo de los contratos será por 1 año, si es despedido dentro del plazo acordado de un año, deberá el trabajador ser indemnizado en conformidad del Código de Trabajo, es decir por desahucio y despido intempestivo. Esto daría paso a que los empleadores pudieran, poco antes de terminar el plazo de contratación, proceder al despido para no garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores, ya que pasado el plazo de un año y sigue prestando servicios, se convertirá contrato a plazo indefinido. No se ha blindado la protección al trabajador para que no pueda ser despedido durante el año de contratación.
  • Se podrá reducir la jornada hasta por 20 horas en la semana y máximo 40 horas.
  • Nada se dice sobre la afectación a la seguridad social. La seguridad social debe ser al 100 %, si se reduce la jornada laboral se reduce la aportación al IESS, quién asume la diferencia. El estado debería asumir por principio de subsidiariedad.

En cuanto al Art. 30.- REDUCCIÓN DE JORNADA, observamos con preocupación que:

  • Los empleadores de la MICRO Y PEQUENA EMPRESA, podrán reducir la jornada hasta el 50%, la remuneración no será menor al 55%.
  • Seguridad social se pagará conforme al pacto de la reducción de horas.
  • El plazo de la reducción de jornada podrá ser hasta por 1 año, renovable por el mismo tiempo.
  • En caso de ser despedido, dentro de este plazo, deberá ser indemnizado con base a la última remuneración antes del acuerdo en conformidad con las disposiciones del Código de Trabajo.

Estos planteamientos una afectación a los derechos de los trabajadores, son inconstitucionales y representan un nuevo impacto a la economía familiar que ya ha sido mermada por los efectos de la pandemia.

Respecto al Art. 31.- VACACIONES, debo decir que:

  • Es inconstitucional, se debe eliminar este artículo.
  • El derecho a vacaciones es un derecho de exclusividad del trabajador, es irrenunciable.
  • La redacción planteada no es clara.

Si alguien piensa que el trabajador que por efectos de la emergencia sanitaria que fue confinado al aislamiento en las cuatro paredes de su casa, pudo gozar de lo que en esta ley intentan calificarse como “VACACIONES”, no tiene idea de lo que ha significado para las familias, para el obrero, para el trabajador ecuatoriano, asumir la lucha por la subsistencia en las paredes de su hogar y como miembro de una comunidad donde seguramente le tocó brindar una mano de ayuda solidaria a sus familiares o vecinos más cercanos.

Porque esa, la solidaridad comunitaria siempre estará presente, sin necesidad de que la norme ley alguna, porque nace de los principios de humanidad que el pueblo humilde practica todos los días de su vida con o sin pandemia para sobrevivir a gobiernos hambreadores y nefastos que atentan contra sus derechos, para poner todos los recursos del estado al servicio de los privilegiados. 

La bancada de le RC ha demostrado que SI HAY ALTERNATIVAS sin meter la mano al bolsillo de la gente y evitar que las empresas se escuden en la contribución para despedir o pauperizar a los trabajadores.

Con un plan serio y ambicioso de reestructuración de la Deuda Externa se podría reorientar $3.000 millones, pero faltó voluntad política para priorizar la vida. La solución a esta crisis es inyectar liquidez para cuidar la plata que está en los bolsillos de los ecuatorianos, para impedir que las empresas so pretexto de la contribución, quieran botar más gente como lo han hecho, en este momento lo más importante es cuidar la economía.

En relación con las contribuciones, estás deben dirigirse principalmente a los grandes grupos económicos, dueños del capital, para el efecto propusimos: el 10% de impuestos a las utilidades de la banca del año fiscal 2019, a la telefonía celular, el 1% a los patrimonios mayores a $1 millón, el 25% a las 15 empresas que mayormente se beneficiaron de la remisión de intereses y multas en el 2019. Lo que la

Ley permitiría recaudar son $500 millones, nosotros como Bancada RC prestamos propuestas que permitirían recaudar más de $5.000 millones.

Lo peor de todo en la ley es que la contribución mayor recae en los trabajadores y no en el capital, en el actual proyecto de Ley el 80% de la contribución la pone el trabajador y las empresas el 20%. Estamos legislando para beneficiar a quienes más tienen. No contarán con nuestro voto para aprobar una ley que transgrede las conquistas alcanzadas por los trabajadores ecuatorianos a lo largo de la historia y que sigue cuidando los privilegios de los grandes grupos empresariales. La Bancada de la RC no va a traicionar la confianza de la clase trabajadora.

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